Los magistrados, para tomar esta medida se remitieron al fallo plenario “Díaz Bessone” dictado en octubre de 2008 en donde se fijó la siguiente doctrina: “No basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal”.

. La Cámara Nacional de Casación Penal le concedió la excarcelación a los represores Joaquín Guil, Juan Carlos Alzugaray, Jorge Héctor Zanetto y Rafael Mariano Braga, bajo caución no juratoria, es decir que deben pagar una fianza.

Alzugaray contaba con prisión preventiva en dos causas: en la segunda parte de la investigación del fusilamiento de 12 presos políticos en las cercanías de Palomitas, y en la que se investiga el homicidio del militante justicialista Eduardo Fronda.

En tanto, el teniente coronel retirado Rafael Mariano Braga, está acusado de secuestros, torturas y desaparición de dos personas durante la última dictadura militar en Jujuy.  Braga está procesado por la desaparición de Dominga Alvarez de Scurta, en la que también están procesados Gentil, Menéndez y Mulhall. Joaquín Guil está imputado en las causas Fronda, Ragone y Palomitas. 

El ex policía federal Jorge Héctor Zanetto, está vinculado al secuestro y posterior desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone. Zanetto fue detenido en Buenos Aires durante un control policial rutinario y puesto a disposición de la justicia

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En tanto, Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de Salta y del país lamentaron la decisión judicial por tratarse causas y crímenes de lesa humanidad. Los presuntos represores y torturadores retornaron a sus hogares ante la sorpresa de la opinión pública y el desencanto de los familiares de las víctimas de la represión tanto de la Triple A en el Caso Ragone como en la Masacre de Palomitas y el asesinato del militante peronista Eduardo Fronda.