
El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, entregó ayer al mediodía copias certificadas de las resoluciones en el juzgado de San Isidro, ya que la causa demorará entre dos y tres días para volver a las oficinas de la jueza Arroyo Salgado. Sin embargo, fuentes judiciales dijeron a Télam que la magistrada esperará a que Casación le remita el expediente y las resoluciones de manera oficial.
Según el letrado de la organización que es querellante en la causa, la magistrada debería fijar fecha para el traslado de las muestras custodiadas en sede judicial al hospital Durand y el inicio del estudio. "Se le entregó un escrito donde le pedimos que ejecute los análisis de inmediato", explicó Iud a Télam.
Además, ante una eventual recurso en queja con que los Noble podrían ir al máximo tribunal del país, el abogado de Abuelas agregó precedentes que señalan que estos recursos "no tienen efectos suspensivos". Según el fallo al que accedió Télam, los camaristas de Casación Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García rechazaron el recurso de los Noble por no tratarse de una cuestión "federal" que deba ser tratada por la Corte.
No se demuestra por qué la decisión de esta sala suscita, frente a hechos anteriores, una cuestión federal, máxime que la decisión ahora recurrida no puede considerarse sorpresiva a la luz de las objeciones de legitimación que venía anunciando la querella", consigna el fallo.
Los Noble pretendían que el examen se realizara en el Cuerpo Médico Forense de la Corte y sólo para ser contrastado con las muestras de las dos familias querellantes en la causa, que sospechan que los jóvenes podrían ser hijos de sus parientes desaparecidos.

Los letrados del Monopolio Clarinetista fueron apartados del caso y denunciados al Colegio Público de Abogados por haber actuado alternadamente como letrados de la imputada por la adopción irregular, Ernestina Herrera de Noble y quienes serían las víctimas, Marcela y Felipe.
Los análisis se realizarán sobre muestras de sangre aportadas por los hermanos y los elementos secuestrados en su domicilio.

Hasta el mes pasado la causa estuvo a cargo del juez federal de San Isidro Conrado Bergesio, pero fue apartado del caso por la Cámara Federal de San Martín a pedido de la fiscal Rita Molina.